Barcelona 25 de julio de 2017. Las entidades representativas de los Centros Especiales de Trabajo de las personas con discapacidad física, sensorial y orgánica: AECEMCO, ECOM, FECETC, FEACEM Catalunya, AECEMFO, COCEMFE, ASPAYM y FESOCA, queremos denunciar el recorte encubierto de recursos económicos del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y  Familias de la Generalitat de Catalunya.

El Gobierno de la Generalitat ha llevado a cabo un recorte drástico de las ayudas a los Centros Especiales  de Trabajo (CET) que afecta fundamentalmente a las personas con discapacidad física, sensorial y orgánica y pone en riesgo la sostenibilidad de un gran número de CET y la continuidad de los puestos de trabajo de las personas con discapacidad. La Consejería de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias ha hecho desaparecer de golpe parte de las subvenciones de los CET's de personas con discapacidad física, sensorial y orgánica, disfrazándolo como un gran acuerdo sectorial, cuando no ha llegado a pactar con las grandes federaciones de personas con discapacidad que representan al mayor número de personas afectadas.

Esta operación se ha llevado a cabo de espaldas al sector para venderlo com "un gran acuerdo sectorial" de cara a la opinión pública. Este acuerdo ha obviado el consenso con entidades del sector que representan al mayor número de trabajadores con discapacidad en el territorio catalán.

Y es por todo ello que las entidades abajo firmantes manifestamos:

1. Que la gran mayoría de población de personas con discapacidad física, sensorial y orgánica se mueve entre el 33% y el 64% de grado de discapacidad, y por las tipologías de sus limitaciones no son consideradas de especiales limitaciones (ya que su afectación, a pesar de que a menudo también tiene características emocionales asociadas, se valoran por el ICASS como física o sensorial.

2. Que es difícil pensar en promocionar el tránsito a la empresa ordinaria, cuando estamos pasando una situación de incerteza en el mercado de trabajo ordinario y una tasa de paro elevadísima del colectivo de personas con discapacidad, cerca del 32,10% (si contamos las personas que están en CET's, la tasa de paro todavía sería más elevada) y que prácticamente sólo reciben ayudas las personas calificadas de especiales dificultades.

3. Que los CET’s no se conviertan en entornos asistenciales, desvirtuando así el auténtico objetivo, que sean unidades de tránsito al mercado ordinario de trabajo. Esta perversión del sistema realizada por algunos centros que no tienen nada que ver con la discapacidad física, sensorial y orgánica, pone en evidencia un uso indebido de los recursos públicos.

4. Que los CET 's no han de percibir más del 25% de lo que suman entre facturación y subvenciones de la Generalitat. En caso contrario se pierde el fomento de la competitividad de la actividad económica de cada CET y se pone en peligro su viabilidad económica.

5. Que los 207 CET’s de personas con discapacidad de todo el territorio catalán, puedan recibir inmediatamente el 50% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y los pagos de las Unidades de Soporte para la Actividad Profesional (USAP) según lo previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2013 del texto refundido de la ley General de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social y de forma más detallada el Real Decreto 2273/1985 de 4 de diciembre, por el cual se aprueba el Reglamento de los centros especiales de ocupación y que se nos debe desde enero de 2017.

Después de ser menospreciados a la hora de establecer un "auténtico acuerdo marco" de todo el sector, por la Dirección General de Economía Social de la Generalitat de Catalunya, las entidades abajo firmantes queremos denunciar la falta de equidad en el trato hacia el colectivo de las personas con discapacidad física, sensorial y orgánica.