• La accesibilidad es fundamental para el 10% de la población y necesaria para el 40%.

• En el acceso a la vivienda, 1 de cada dos hogares donde vive una persona con discapacidad tiene barreras. En cuanto al transporte público, a 3 de cada 4 personas con discapacidad le resulta difícil o muy difícil el acceso.

• COCEMFE reivindica la puesta en marcha de un sistema de infracciones y sanciones eficaz que  disponga de los mecanismos necesarios para garantizar el cumplimiento de la ley.

Barcelona, 19 de  diciembre. El Consejo de la Abogacía Catalana y la Federación de Entidades de Personas con Discapacidad Física y Orgánica Francesc Layret COCEMFE Barcelona han alertado de las consecuencias del incumplimiento de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social, que establece que el 4 de diciembre de 2017 todos los bienes, productos, entornos y servicios tienen que ser accesibles para todo el mundo. También la Ley catalana 13/2014 de 30 de octubre garantiza la accesibilidad universal a las personas con cualquier tipo de discapacidad conforme a las condiciones básicas de no discriminación.

Pasada la fecha del 4 de diciembre y concluido el plazo legal que el Estado Español se había marcado para garantizar la accesibilidad universal, no sólo no se ha hecho sino que además el propio Gobierno no ha aprobado el desarrollo reglamentario que tendría que haber estado a punto en diciembre de 2015.

La consecuencia inmediata es que las personas con discapacidad siguen sin poder ejercer sus derechos básicos y libertades, lo que condiciona y obstaculiza su desarrollo personal y el acceso a los recursos y servicios en cuestiones elementales como la vivienda, el transporte, la educación, el trabajo la tecnología o el ocio. Por este motivo, el Consell de la Advocacia Catalana y COCEMFE Barcelona instan a trabajar colaborativamente, junto a todos los agentes sociales y las administraciones implicadas, para que la accesibilidad universal sea una realidad lo antes posible.

La Jornada que se celebra hoy en el Ateneu Barcelonès, ha sido inaugurada por el presidente del Consell de la Advocacia Catalana y decano del Colegio de Abogados de Girona, Carles McCragh y la presidenta de COCEMFE Barcelona, Mª Pilar Díaz. El presidente del Consejo considera que "la accesibilidad es una cuestión de derechos humanos y la carencia de la misma una discriminación y violación de los derechos de las personas con discapacidad”. Para McCragh “si la ciudadanía no tiene fácil acceso a todos los instrumentos de la justicia, y el primero de ellos los edificios y el lugar donde se imparte, es en este umbral donde empieza una verdadera injusticia".  Es por este motivo que "la Abogacía Catalana tiene que trabajar porque todos los edificios judiciales y los Colegios de Abogados sean accesibles para toda la ciudadanía", ha concluido  Carles McCragh.

Por su parte, la presidenta de la COCEMFE Barcelona, Mª Pilar Díaz, ha dicho que "el 4 de diciembre se ha comprobado que garantizar nuestros derechos y libertades no ha sido una prioridad puesto que seguimos teniendo un país lleno de barreras, lo que indica el incumplimiento crónico de la ley y la falta de políticas comprometidas con los problemas de las personas".

"Para que  todo el mundo se haga una idea de lo que estamos hablando, sólo en el Área Metropolitana de Barcelona, la zona más poblada de Cataluña, hay 265.609 personas con discapacidad, aproximadamente la población de Hospitalet de Llobregat. Es decir, nos tendríamos que imaginar la segunda ciudad más grande de Cataluña con toda su población con problemas para entrar y salir de casa suya, moverse en transporte público, sin poder trabajar o tener una educación adecuada. Este es el tamaño del problema".

Desarrollo reglamentario y sistema de infracciones

Anxo Queiruga, presidente de COCEMFE España, ha destacado en su intervención que, a pesar de que con la aprobación en 2013 de un texto refundido de la normativa sobre discapacidad ha mejorado la aplicación de la misma, de las consultas en materia de discapacidad y de la acción que hacen las organizaciones desde tiempos inmemoriales para que se conozca la accesibilidad universal, “quedan muchas cosas por hacer, empezando por las administraciones, que han sido las primeras en incumplir sus obligaciones”.

En este sentido, Queiruga ha hecho un llamamiento a todas las administraciones para que actualicen su normativa sobre accesibilidad y acaben con las contradicciones existentes o los vacíos legales. En particular, ha llamado la atención del Gobierno central para que apruebe el Plan Nacional de Accesibilidad y el Reglamento de condiciones de accesibilidad universal y no discriminación de las personas con discapacidad, para que establezca un nuevo sistema de infracciones y sanciones que garantice la accesibilidad y vele por la aplicación efectiva de la ley para acabar con la impune vulneración de los derechos de las personas con discapacidad.

“Las organizaciones de discapacidad  estamos a su disposición para seguir avanzando y llegar a la meta porque la carrera de obstáculos tiene que acabar ya. Toda la ciudadanía, tenga o no discapacidad, puede apoyar implicándose cada vez que detecten falta de accesibilidad, ya que un mundo accesible es un mundo para todas las personas”, ha concluido.

La falta de accesibilidad en datos

Desde el punto de vista poblacional, la accesibilidad es fundamental para el 10% de la población, necesaria para el 40% (personas mayores) y confortable para el 100%. En contraste con las necesidades, estos son los datos que deja la realidad:

En el acceso a la vivienda, 1 de cada 2 hogares donde vive una persona con discapacidad tiene barreras en el acceso, encontrándose las principales en la puerta de acceso al edificio y/o en el interior del mismo hasta la puerta de entrada a la vivienda. Estas cifras implican que 305.400 personas han tenido que cambiar de domicilio por motivo de acceso al hogar o movilidad, según datos del Observatorio de la Accesibilidad Universal en la Vivienda en España 2013.

En la accesibilidad al transporte público, (Barómetro CIS 2013), a 3 de cada 4 personas con discapacidad les resulta difícil o muy difícil el acceso al transporte público. Y en general, la percepción de barreras en la movilidad entre las personas con discapacidad se sitúa en España en el 59% (Eurostat 2012).

El acceso a la tecnología es cada vez más importante dado que 2 de cada 3 personas con discapacidad confían en las TIC para mejorar su día a día (Discapacidad, Integración, el Papel de las TIC, 2015 del Observatori de la Discapacitat Física). Sin embargo, hasta un 9% de las personas con discapacidad perciben barreras en el acceso a Internet (Eurostat 2012).

En el ámbito laboral, según la misma fuente, 4 de cada 10 personas con discapacidad perciben barreras para acceder al mercado laboral a pesar de que su integración es un factor destacado para conseguir su plena inclusión social.

El campo educativo es el primer peldaño en la construcción de una vida digna. Para ello, hay que garantizar una educación inclusiva que identifique y elimine barreras, sin embargo, hasta un 22% de personas con discapacidad perciben barreras a la educación y a la formación en España (Eurostat 2012).  Esta falta de acceso a la educación y al mercado laboral se concreta en niveles inferiores de estudios y en tasas de actividad y ocupación inferiores a la población general en edad de trabajar, lo que puede acabar en situaciones de exclusión social.

Para acabar esta radiografía, baste decir que en cuestiones como la práctica deportiva, el 64% de las personas con discapacidad tienen muchas dificultades para hacer deporte (Barómetro CIS, 2013). En lo que atañe al ocio, un dato significativo lo aporta el Observatorio de Turismo de la ONCE según el cual, hasta un 28% de las personas con discapacidad no viajan nunca o casi nunca.

Para más información:
Ma. Cortes Tirado
Gabinete de Prensa
COCEMFE Barcelona
Tel. 676 838 111
[email protected]

Magda Pujol
Gabinet de Comunicació
Consell de l’Advocacia Catalana
Tel. 653 399 969
[email protected]